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viernes, 29 de noviembre de 2013

Democracia autoritaria: la nueva dictadura llega a España

Interesante artículo escrito por Richard Seymour de titulado "Desde Quebec a España, leyes anti-protesta están amenazando la verdadera democracia" y pone de relevancia la involución en materia de derechos y libertades, que se está produciendo en muchos países con apariencia democrática, ensañándose especialmente contra aquellos que participaban activamente en las protestas contra la crisis.

El choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular  ha producido una crisis de "ingobernabilidad" por parte de  las autoridades.

Los proyectos de leyes punitivas contra la protesta del gobierno español, dicen los críticos, es un ataque a la democracia. Eso es precisamente lo que son.

El gobierno de Quebec intentó sofocar la protesta estudiantil
con legislación de emergencia que incluía medidas
para prohibir las manifestaciones a menos de 50 metros de un colegio,
y el cambio de la ruta de una protesta en un corto plazo.
Fotografía: Steeve Duguay / AFP / Getty Images

Ante el número de líneas de frente recientes creadas por la protesta popular, las capacidades del Estado han sido reconfiguradas para afrontar el reto. En algunos casos, como en Grecia, esto ha significado períodos de gobierno de emergencia. En Chicago, en Quebec y ahora en España, ha significado el endurecimiento de las leyes contra la protesta.

En 2011, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, pidió que el consejo de la ciudad adoptase medidas "temporales" contra la protesta en respuesta a las protestas planeadas alrededor de la OTAN y las cumbres del G8. Las leyes incluyen un mandato seguro de  $ 1 millón ante las protestas públicas, una policía mas dura y mayores obstáculos para la obtención de un permiso de protesta. A principios de 2012, la legislación se ha convertido en permanente.

Más tarde, ese mismo año, cuando la administración de Jean Charest en Quebec intentó hacer frente a un levantamiento tumultuoso de los estudiantes contra el aumento de las tasas de matrícula, se aprobó una ley de emergencia llamada proyecto de ley 78. Con el apoyo de los empleadores del estado, se impuso severas restricciones a la capacidad de protestar, incluyendo la prohibición de protestas dentro a 50 metros de un colegio y que da derecho a cambiar la ruta de una protesta a corto plazo, con multas severas para aquellos manifestantes que optasen por  no cooperar.

La legislación de "seguridad pública" propuesta en España tiene un carácter esencialmente similar. manifestarse cerca del parlamento sin permiso puede conllevar multas elevadas, mientras que la participación en las protestas "violentas" puede dar lugar a una sentencia mínima de cárcel de dos años . En cada caso, la lógica es hacer que recorra un escalofrío en la protesta. No es sólo un elemento de disuasión de protesta, sino que tiene un efecto de domesticación en este tipo de protestas cuando ocurren.

Para entender por qué esto está ocurriendo, es necesario comprender la relación entre la austeridad neoliberal y la democracia popular.

En una época anterior, cuando la austeridad neoliberal primero estaba siendo preparada en conjunto con una represión autoritaria racista, el sociólogo político griego Nicos Poulantzas habló de la "redistribución de las redes jurídico-policiales" como elemento constitutivo de un nuevo "estatismo autoritario". En este régimen,  los aparatos parlamentarios oficiales se mantienen incluso si bien la democracia sustantiva era erosionada,  Stuart Hall , escribió unos años más tarde,  la neoliberal de Thatcher comentó que "bajo este régimen, el mercado está para ser libre, la gente está para ser disciplinada" .

¿Por qué este autoritarismo? ¿Por qué, en "la liberación del mercado", ¿era necesario disciplinar al pueblo? Si el enfoque se limita a la austeridad - el neoliberalismo en su expresión denominada "doctrina del shock" - entonces el problema puede interpretarse simplemente como una gestión de la crisis. El Estado asume las medidas de control popular mejorando justo en el momento cuando se está tratando de administrar una reorganización impopular de los servicios públicos, el bienestar y las relaciones capital-trabajo. Pero, de hecho, esto es más que una forma coyuntural de un problema más amplio.

En un sentido genealógico simple, el neoliberalismo puede ser leído como una adaptación de las preocupaciones del liberalismo clásico a los problemas que plantea la era de la democracia de masas. A nivel político, el neoliberalismo respondió a un supuesto exceso de democracia, un exceso de demandas populares sobre el estado. Esto no sólo atrapa al Estado en una red de intereses especiales, pero en última instancia, produce una crisis de "ingobernabilidad". Para que el Estado sea capaz de hacer su negocio, su autoridad tiene que ser restaurada, de ahí la relevancia de "ley y orden".

El "objetivo primordial del Estado", dijo Thatcher, "es mantener el orden." Al designar el problema de esta manera, y la identificación de los opositores políticos a través de la ideología de la delincuencia y el desorden, ella fue capaz de vincular sus éxitos a una simple afirmación de sentido común. Pero la proliferación de leyes destinadas a restringir la acción de protesta y huelga, el crecimiento de un aparato policial centralizado y militarizado y el auge de la construcción de prisiones, fue todo un comienzo, durante su reinado, que no sólo transformó la relación de los ciudadanos con el Estado, sino que al hacerlo, fue debilitando las circunscripciones populares en relación con las élites empresariales dominantes.

Esta expansión y perfeccionamiento de las tecnologías de la contención es, por sí misma, rara vez suficiente. Por lo general, se ha visto acompañado por el despliegue de nuevas ideologías de la delincuencia y de la legalidad. La protesta bajo el neoliberalismo no supone simplemente un comportamiento más represivo a escala policial. De hecho, la tendencia secular a través de los estados europeos es una convergencia en torno a un sistema más diferenciado en cuanto a las estrategias hacia las protestas.

Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes "oficiales", la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física de las personas cuyas actividades son la actuación policial. Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales dispersas, alianzas de campaña y así sucesivamente, son más propensas a ser considerados extremistas, terroristas o incluso - suspiro teatral - anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con el invocación de la ley "anti-terrorista" o en otras leyes represivas.

Así como la definición de la delincuencia es inherentemente ideológica, por lo que la decisión en cuanto a lo que constituye una protesta "oficial" o "extremista" la indignación es, en parte, ideológico y normativo, que deriva de la cultura jurídica y política de la policía en un estado determinado y burocrático categorías desplegadas por las fuerzas locales y nacionales. Necesariamente, entonces, esta es una forma inherentemente politizada a la actuación policial. No es meramente demostrativo, poner de relieve  que los estilos de protesta son tolerados (unos estilos de protesta ineficaces, en gran medida), sino que es un ejemplo práctico en el sentido de que acorta drásticamente las posibilidades democráticas.

La reorganización de los estados hoy en día en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para contener la democracia, manteniendo un mínimo de legitimidad democrática. Eso es lo que las leyes anti-protesta están a punto de conseguir.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

El borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana es el reflejo del pánico que tiene el gobierno del PP a una rebelión ciudadana en las calles

El gobierno ha elaborado un borrador de "Ley de Seguridad Ciudadana".  El PP de Rajoy insiste en que estamos saliendo de la crisis y que va a llover café en el campo, si fuera ese cierto, no endurecerían los castigos a infracciones de una forma desproporcionada. Las altas esferas del poder están temerosas de una revuelta masiva de la ciudadanía en los próximos meses. El temor es la antesala del miedo y el miedo es la antesala del pánico. En vez de preocuparnos por el borrador de La Ley de Seguridad Ciudadana, deberíamos alegrarnos porque ya sabemos lo que ellos dan por hecho desde hace tiempo: este régimen corrupto y autoritario tiene los años contados. El borrador de La Ley de Seguridad Ciudadana no es mas que un desliz propio de un oso herido de muerte que está dispuesto a morir matando y vender cara su piel.

Les dejo un artículo aparecido en 20minutos.es:

Insultar a policías, los escraches y prostituirse en arcenes y parques se multará por ley
  • Los padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle. 
  • Hasta 30.000 euros por insultar a un policía en una protesta. 
  • Es parte del borrador de la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Conducir una 'cunda' (los taxis de la droga), insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o realizar escraches se multarán por ley.

Veintiún años después de la llamada 'ley Corcuera', polémica por la conocida como "la patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

No se trata de sancionar más, según fuentes del Ministerio del Interior, sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora del reproche de una conducta ilícita y llenar el limbo jurídico de actos "nuevos", como el escrache, o de aquellos que dejará fuera el nuevo Código Penal.

El texto que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.


La propuesta inicial incluye las siguientes infracciones 

INFRACCIONES MUY GRAVES: Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros. 
  • La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente. 
  • La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo. Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad. 
  • Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto. 
  • Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. 
  • La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos. 

INFRACCIONES GRAVES: Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros 
  • Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. 
  • Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas. 
  • El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. 
  • Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución. Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar. 
  • La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar. 
  • El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente. 
  • La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes. 
  • Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos. 
  • Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas. Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

La nueva ley, que tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente, define la seguridad ciudadana y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives. Además, regula las diligencias de cacheo e identificación siguiendo las recomendaciones de la defensora del pueblo para que estas no se practiquen por razón de raza. También abre la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso. Hasta ahora, con mostrarlo era suficiente, lo que ha sido aprovechado por algunos para eludir un mayor control al alegar que el DNI es personal e intransferible.