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martes, 11 de noviembre de 2014

¿Las movilización masiva de la sociedad catalana en las últimas diadas y el 9N han servido de algo?

Los furibundos detractores del proceso soberanista catalán despreciaron las manifestaciones multitudinarias del independentismo catalán durante las tres últimas diadas, también desprecian la consulta no vinculante del 9N y creen que no han servido para nada. ¿Están seguros de ello?

El periodista Marcos Lamelas escribió una noticia para El Confidencial que merece la reflexión de todos los ciudadanos del estado español: la mayoría de los miembros del gobierno central están dispuestos a negociar con la Generalitat presidida por Artur Mas.


En el artículo de Marcos Lamelas, la vicepresidenta del gobierno Soraya Saez de Santamaría es señalada como la ideóloga de "la solución del estado español para acabar con el desafío catalán. Dicha solución se basa en un pacto fiscal similar a la de Comunidad Foral de Navarra, el establecimiento de relaciones bilaterales entre Catalunya y España y por último, que las competencias de la Comunidad Autónoma de Catalunya no puedan ser arbitradas de forma constante y con total impunidad por el Tribunal Constitucional español. A cambio de estas concesiones, la Generalitat gobernada por CiU debe renunciar al sueño soberanista.

Dudo mucho que El Govern presidido por Artur Mas acepte una posible oferta del estado español para que Catalunya vuelva al rebaño. Gran parte de la sociedad catalana ha recorrido un camino muy largo para convertir en realidad el sueño soberanista y ya no es posible dar marcha atrás.


Después del 9N, el movimiento soberanista catalán propugna que el siguiente paso a dar, sea que el gobierno español acepte la convocatoria de un referéndum legal vinculante para  que los catalanes decidan si Catalunya desea seguir formando parte de España o independizarse, y si el estado español se niega, la convocatoria de elecciones plebiscitarias en clave independentista.

La noticia no deja de ser paradójica, si tenemos en cuenta los antecedentes históricos recientes de las difícil relaciones mantenidas entre España y Catalunya. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya de 2006 y que fue hecha pública el 28 de junio de 2010, cuatro años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el mismo Partido Popular. El Tribunal Constitucional por ocho votos contra dos declaró inconstitucionales 14 artículos y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27 (por seis votos contra cuatro). El texto completo del fallo y los cinco votos particulares que la acompañan se conocieron el 9 de julio de 2010, un día antes de la celebración en Barcelona de la manifestación de rechazo a la sentencia bajo el lema "Som una nació. Nosaltres decidim" ('Somos una nación. Nosotros decidimos').


El president de la Generalitat Artur Mas, en una entrevista concedida a Jordi Évole, destacó que la actuación del Partido Popular y el del Tribunal Constitucional de España contra El Estatut como una de las causas de las movilizaciones masivas en favor del derecho a decidir y de la independencia.

Los que impugnaron el Estatut de Catalunya en el año 2006 ante el Tribunal Constitucional de España, pretenden en el año 2014 que el Estatut  tenga cierto blindaje ante impugnaciones legales y limitar el arbitraje del Tribunal Constitucional de Español sobre el estatuto de autonomía catalán. El estado español pretende dar al pueblo catalán lo que le negaron en el pasado.

De ser verídicas las informaciones de El Confidencial, se constata el hecho de que una movilización masiva y perseverante de gran parte de la ciudadanía en torno a una causa sirve para conseguir concesiones del gobierno central y deja en evidencia a muchos ciudadanos catalanes y españoles, cabreados con los abusos de la Casta, y que pasan de manifestarse en las calles o en las urnas porque según ellos "protestar no sirve de nada".


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